La represión franquista, además de castigar a las personas que habían desafiado el orden tradicional, pretendía el control social a través del miedo social a volver o a entrar por primera vez en cualquiera de las modalidades represivas. Así, la represión se concentró cronológicamente. De esta manera, se consiguió ahogar la tradición republicana-democrática y revolucionaria de Montserrat o, al menos, que se quedara circunscrita a una oposición silenciosa o con demostraciones de antifranquismo muy puntuales.

La instalación de un campo de concentración en el mismo pueblo facilitó sobremanera el ejercicio represivo. Los detenidos, después de sufrir en muchos casos, crueles y humillantes torturas, fueron calificados políticamente y trasladados a otros campos de concentración. El 30 de abril, al menos quince detenidos ingresaron en el campo de concentración de Sueca. La represión siempre se originó y creció en los propios pueblos, a través de denuncias, en las que también participaron activamente mujeres. Según la Causa General, 95 vecinos fueron denunciados, entre ellos 15 mujeres. Desde los lugares de detención, fueron trasladados a prisiones como Alzira o Carlet, lugares en los que transcurrían los Consejos de Guerra militares (también en Valencia), verdaderas farsas jurídicas. Al menos, 32 vecinos, todos hombres, pasaron por Consejos de Guerra, en algún caso con más de uno. Se ejecutaron en Paterna dos penas de muerte contra Isabelino Almerich Juanes y Antonio Galán Millán (1940). Del primero, el alcalde afirmaba: “no pudiéndose comprobar testifical” sus presuntos delitos. El resto, purgaron sus penas en las terribles condiciones de vida de la Celular o Modelo y San Miguel de los Reyes de Valencia, aunque en algún caso estaban prisioneros en otros territorios. Las denuncias particulares estuvieron acompañadas por los informes, casi siempre condenatorios, de los alcaldes, Falange, Guardia Civil de Real o del párroco. También se debe reseñar la labor benéfica de un refugiado derechista durante la guerra que intentó paliar la represión.

Además, un vecino fue expedientado por parte del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Otros doce jóvenes fueron castigados a diferentes modalidades de trabajo esclavo (batallones de trabajadores, colonias militarizadas…). El Tribunal de Responsabilidades Políticas ha dejado escasa documentación, por lo que solamente se ha podido documentar a tres expedientados. La depuración laboral, que consideraba a todos los trabajadores culpables hasta que demostrasen su inocencia, expulsó, para ser repartidos sus puestos de trabajo entre los “afectos”, a los trabajadores municipales interinos, al igual que tres maestros. Incluso a músicos como Evangelista Martínez García. Cuatro republicanos fueron obligados a exiliarse. Para el resto, el exilio interior como José Chasán, entre otros muchos.

Esta represión judicial-normativa se extendió a la vida cotidiana a través de prohibiciones, sanciones, multas y malos tratos. Estuvo prohibido el baile en los primeros años, se tramitaron multas desorbitadas por blasfemar (un delito) o “murmurar” contra las autoridades, por “no descubrirse al paso” o trabajar en domingo. Así, se daba el caso que para eludir esta norma, un vecino se levantaba a las cuatro de la mañana para trabajar en Torrent y volvía, ya de noche, hacia las 10. Los hijos de los republicanos eran “rojos roïns” y sufrían insultos y menosprecios. Incluso la obra de conducción de agua iniciada por José Chasán, como otros contratos parecidos, fue anulada por haber sido realizada durante la República. Las asociaciones también eran objeto de vigilancia y sus juntas directivas tenían que pasar por un proceso depurativo político-social. El franquismo local siempre estuvo vigilante ante el paso de maquis o el hallazgo de 40 bombas de la guerra.

Sin duda, pesaba en el ánimo de las autoridades franquistas locales, como ellas mismas afirmaban que estaban “rodeados de enemigos solapados y encubiertos”, aunque confiaban que “con el tiempo lo corregiremos, con la ayuda de Dios”. Más bien, con un ejercicio de imposición y coacción que atentó contra los derechos humanos hasta 1975. A partir de los cincuenta, la represión se fue amoldando a los nuevos tiempos. Ya no necesitaba la fiereza de la posguerra, puesto que había cumplido con sus objetivos. Todavía en 1966, el Ayuntamiento informaba negativamente a la petición de Elena Cerveró Bosch para volver a su pueblo desde el exilio francés, aunque intercedió a su favor el párroco.